El Tribunal de Cuentas este año ha sido noticia por diferentes escándalos económico-políticos que llegaron a la opinión pública y por ello como Despacho de Abogados expertos en este tipo de procedimientos y en este particular sede jurisdiccional, hemos creído conveniente hablar un poco de este gran desconocido.
Tribunal de Cuentas (TCu)
El Tribunal de Cuentas, es un órgano inspector y fiscalizador de la administración Publica. Digamos que es un órgano jurisdiccional “especial” al que se acude cuando un ciudadano tiene la sospecha de que una administración ha podido cometer alguna infracción de índole económico y que redunda en nuestros “bolsillos”.
Según se denomina en su página web (www.tcu.es), el Tribunal de Cuentas español se configura desde la Constitución de 1.978, como un órgano colegiado y jurisdiccional de fiscalización del sector público, encargado del enjuiciamiento de la responsabilidad contable.
Así es, es un órgano no solo inspector sino también jurisdiccional con sala de justicia propia, donde se resuelven juicios de presunta responsabilidad contable de algún funcionario, institución o cargo público al servicio del erario público.
Responsabilidad Contable, Tribunal de Cuentas
En cuanto a uno de los procedimientos, el de responsabilidad contable por alcance y su reintegro que es del que nos ocuparemos hoy, cuando éste tribunal recibe alguna denuncia en este sentido, lo primero que hace es investigar a través de auditorías específicas, si existe o no responsabilidad financiera y económica del supuesto sujeto infractor. Dichas auditorias si son positivas (en cuanto a la existencia de presunta responsabilidad contable), dará lugar a un acta provisional de liquidación provisional de alcance y de responsabilidad contable, a las que se pueden hacer las oportunas alegaciones, a fin de que el Instructor, pueda tenerlas en consideración, no ya para esta fase, sino para cuando se produzca la fase de enjuiciamiento. Todo ello en virtud del artículo 47.2 Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Y esto es así, porque cuando en dicha acta se establece una presunta responsabilidad contable, el presunto responsable, debe consignar la cuantía que se especifique en la referida acta, solicitando a su vez, si dicho deposito es para poner fin a este procedimiento, reconociendo con ello, su responsabilidad o sí por el contrario, deposita dicha cantidad pero para acudir a la fase jurisdiccional. Es importante conocer, que se puede recurrir este acta, pero no tiene efectos suspensivos, salvo que hayan existido en el procedimiento vulneración de derechos, incluyéndose, el de defensa.
Lo anterior, da lugar a la finalización de esta fase, para pasar a la de enjuiciamiento ante la sección del tribunal, que haya recaído el asunto. Esta segunda fase, es de naturaleza jurisdiccional, así reconocida por el artículo 136 de la Constitución Española, y que consiste básicamente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en el ámbito de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos.
Dicha jurisdicción contable es perfectamente compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la jurisdicción penal. Cuando los hechos fueren constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia.
Esta responsabilidad contable, que puede ser directa o subsidiaria, se exige mediante tres procedimientos jurisdiccionales, que son el juicio de cuentas, el procedimiento de reintegro por alcance (visto anteiormente) y el expediente de cancelación de fianzas, siendo delimitada por la normativa específica del Tribunal de Cuentas (TCu) así como por la doctrina que la desarrolla.
Excepciones de jurisdicción del Tribunal de Cuentas:
- Asuntos competencia del TC (Tribunal Constitucional).
- Cuestiones de naturaleza civil, laboral u otra cuyos conocimientos sean conferidos a órganos del Poder Judicial.
- Delitos y/o faltas (delitos menos graves ahora).
Por ello, y al ser una jurisdicción especial, es muy recomendable contratar los servicios de expertos en esta especial jurisdicción, como así tenemos reconocido los profesionales que conformamos este Despacho de Abogados expertos de Madrid
Muchas gracias.
Director Grupo Guijarro Pique
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